Pese a las privatizaciones de empresas públicas llevadas a cabo en las últimas dos décadas, que han situado a muchas de estas empresas (Endesa, Repsol, Telefónica, Tabacalera…) entre las más rentables del mundo (capaces de generar empleo y riqueza), a día de hoy, siguen existiendo sociedades, bien totalmente públicas, o bien en las que el Estado ostenta una participación suficiente como para tener una influencia significativa sobre las mismas. Éstas continúan compitiendo, no precisamente en igualdad de condiciones, con las empresas privadas que operan en los mismos sectores.

El mejor ejemplo de esto es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en adelante SEPI. Se trata de un holding estatal formado por 21 empresas, que  participa directamente en otras 8 compañías más y que supervisa 2 fundaciones. De las empresas que forman parte de este conglomerado empresarial podemos destacar la Agencia EFE, Astilleros Españoles, la tabacalera CETARSA, ENAGAS, RTVE, la empresa de construcción naval IZAR, el hipódromo de la Zarzuela, IBERIA, HISPASAT y un largo etcétera de empresas conocidas unas y no tanto otras.

Como consecuencia de medidas populistas gubernamentales (anuncio del cierre de la central nuclear de Garoña, ayudas al sector del carbón y el Plan E), la SEPI en su conjunto  perdió en 2009  106 millones de euros, frente al beneficio de 104 millones que obtuvo el año anterior. Y es que este holding empresarial es un as bajo de la manga del gobierno, que maneja a su antojo para, dependiendo de por dónde sople el viento, encaminar sus acciones para cumplir el objetivo prioritario de todo partido político (independientemente del color que sea): Conseguir el mayor número de votos (en el caso del gobierno para perpetuarse en el poder y en el de la oposición para tratar de llegar al mismo), ya sea con sus acciones directas o con sus anuncios o campañas publicitarias. Sin olvidarnos de que la existencia de estas empresas estatales supone para el ejecutivo jugar con cartas marcadas en una economía de libre mercado.

Según un estudio realizado por el diario Expansión, el valor de las participaciones estatales en empresas como Iberia, Enagás, Ebro y Red Eléctrica Española, está valorado  en 3.000 millones de euros. Por lo que su venta[1] proporcionaría al Estado unos importantes ingresos comparables, por ejemplo, con los 3.200 millones de euros del anunciado recorte en obra pública (que más allá de un retraso en infraestructuras que podían haber facilitado el tránsito de mercancías y personas en beneficio del sector empresarial y de nuestra maltrecha economía, está la importante pérdida de puestos de trabajo en el sector de la construcción que va a suponer esta medida), o con los 4.000 millones de ahorro que suponen las rebajas salariales de unos funcionarios que, supongo, leerán atónitos este artículo al comprobar que el ejecutivo ha dado prioridad a la rebaja de sus sueldos frente a la venta de unos activos (participaciones en empresas) que, de momento, continuará manejando a su antojo.

 David Torija Pradillo

Artículo publicado en lagaceta.es

[1] Venta de participaciones sociales, no privatización de sociedades totalmente públicas