Artículado publicado en http://www.frikonomics.com
Tras la expropiación/nacionalización de YPF y lo hechos acaecidos posteriormente, se me antoja necesario plantear la siguiente pregunta ¿A quién pertenece una empresa?
Antes de contestar a esta cuestión, hay una serie de conceptos básicos que conviene repasar. El capital social de una empresa está dividido en acciones (en el caso de una sociedad anónima) o en participaciones sociales (en el caso de una sociedad limitada). Una acción (o una participación social) es un título que representa una parte alícuota del capital social de una empresa. Otorga a su propietario la condición de socio y, por tanto, de propietario en el porcentaje correspondiente al número de acciones (o participaciones sociales que éste posea).
Veamos un ejemplo sencillo: la empresa X, S.A. tiene un capital social de 200.000€. Éste se encuentra dividido en 20.000 acciones de un valor nominal de 10€ cada una. Fulanito posee 2.000 acciones de X, S.A. por un valor nominal total de 20.000€ (lo que equivale al 10% del capital social de la empresa), por lo que Fulanito es el propietario del 10% de X, S.A.
Una empresa será pública o privada en función de si su capital social está en manos de las administraciones públicas o si lo está en manos del público en general. Muchas empresas públicas dejaron de serlo mediante un proceso de privatización, esto es, su antiguo propietario (el Estado, una Comunidad Autónoma…) vendió las acciones de la misma.
Llegados a este punto creo que podemos contestar a la pregunta inicial ¿A quién pertenece una empresa? La respuesta es bien sencilla: a sus accionistas. Concretando un poco más ¿A quién pertenece una empresa privada como Repsol? Obviamente, a sus accionistas.
Vayamos un poco más allá ¿Es Repsol una empresa española? En este caso la respuesta no es tan sencilla. A mi juicio, al encontrarse su domicilio social en territorio español, así como su sede principal, estamos ante una empresa española (que en su día fue estatal pero que fue privatizada). Otra cosa es que su actividad se lleve acabo en distintos países.
¿Debe defender el Estado español los intereses en el exterior de una empresa privada como Repsol? Creo que debe posicionarse (como también debe hacerlo la comunidad internacional) para defender a los accionistas de Repsol, una empresa española al menos en origen, así como para velar por el cumplimiento de las reglas del juego. Pero debe hacerlo con mano izquierda, dada la complejidad de la geopolítica, ya que los intereses tanto del Estado como de otras empresas privadas pueden verse perjudicados de rebote.
Aunque esta defensa resulta difícil de explicar cuando, un par de semanas después de la expropiación de YPF, el Presidente Ejecutivo de Repsol, don Antonio Brufau, asistió junto con el embajador español a un acto en Bolivia con el presidente don Evo Morales apenas unas horas después de que Bolivia expropiase la antigua filial de Red Eléctrica Española. Gran error del señor Brufau, al menos de imagen. Y es que una cosa son los intereses privados y otra los nacionales, lo que reabre el debate sobre la idoneidad o no de que los estados se inmiscuyan en los negocios privados.
Quienes más van a perder con toda esta historia al final será el propio Estado argentino y sus ciudadanos. No voy a entrar a valorar la ingenuidad de quienes creen que la expropiación se realiza en beneficio del pueblo argentino, que recupera la gestión de sus recursos naturales y no de intereses económicos creados en el entorno de la familia Kirchner. Tampoco en si las reservas en Vaca Muerta son tan importantes como creen o si IPF en solitario cuenta con la tecnología y, lo más importante, con el know how necesario para su adecuada extracción. Lo que sí ha quedado claro es que por su falta de seguridad jurídica, Argentina no es el mejor lugar para invertir y realizar negocios.
El riesgo país existente en naciones como Argentina, Bolivia o Venezuela en los que, de la noche a la mañana, el Estado acuñando la expresión populista de que lo hace en defensa del bien común es capaz de expropiar empresas privadas, lleva a pensárselo mucho antes de entrar en estos países a empresas e inversores internacionales.
David Torija
davidtorija@coev.com
